La «épica» de Mas

Con el fin del verano ha vuelto la actualidad política habitual, y con ella una noticia no por más repetida menos sorprendente: el gobierno de la Generalidad ha reconocido abiertamente que incumplirá una nueva sentencia judicial, esta vez emanada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga al gobierno catalán a permitir la enseñanza en español para aquellos padres que deseen educar a sus hijos en la lengua oficial de España.

Sin embargo, si bien ya es habitual esta oposición de parte de políticos que han declarado abiertamente su enemistad a la Nación Española, sí sorprenden las justificaciones de dos de sus dirigentes: el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs,  afirma que es imposible que se hubieran producido más sentencias judiciales a favor de la educación en español, pues de lo contrario llevarían alrededor de 30 años viviendo en la ilegalidad. El Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, ha elevado un punto más su retórica: ha llamado a «la épica» para negarse a cumplir la ley.

Este verdadero cinismo de parte de dos cargos públicos que no sólo incumplen la ley sino que presumen abiertamente de ello en público, seguramente no sería posible sin la inestimable colaboración de un Gobierno de España que lleva años siendo cómplice del separatismo, desde la firma del Pacto del Tinell con el ya finado tripartito, sólo derogado en los hechos tras el triunfo de CiU en las últimas elecciones catalanas, y ahora de la mano del ejecutivo de Mas. Hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha menospreciado una sentencia emanada de la misma institución que él preside. Para él, se trata de un mero caso particular que no puede generalizarse a todo el sistema educativo catalán.

Todos ellos constituyen síntomas de una corrupción política e ideológica tan preocupante como habitual, situación en la que quienes son enemigos declarados de la Nación se saben ganadores ante un gobierno de la Nación que no hace más que claudicar, a cambio de mantenerse en el poder a cualquier precio. Ignoran así la amenaza explícita contra la Nación Española que abanderan unos dirigentes que apelan a «la épica», pues en sus fabulaciones separatistas se ven a sí mismos como «héroes» de la nación catalana que nacerá segregándose de España. Eso es lo que, sin ambigüedades de ningún tipo, han celebrado prácticamente todos los partidos políticos catalanes en la fiesta del 11 de Septiembre, la Diada, salvando las honrosas excepciones del Partido Popular y de Ciudadanos que nosotros sepamos.

Ante las inminentes elecciones generales y el presumible cambio de gobierno que se avecina, sólo cabe esperar que el Partido Popular tenga en cuenta todos estos antecedentes y, si es preciso, adopte las medidas recogidas en la Constitución Española, sin ir más lejos en su Artículo 155, para evitar que una comunidad autónoma se sitúe fuera de la ley que obliga a todos los ciudadanos de la Nación Española sin distinción.

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Bildu y la capitalidad cultural europea

La semana pasada se conoció el fallo definitivo del jurado que debía otorgar la Capitalidad Cultural Europea a una ciudad española para el año 2016, galardón a compartir con otra ciudad polaca tal y como se había establecido previamente en las bases del concurso. Tras una primera criba que tuvo lugar el pasado año 2010, quedaron como finalistas las ciudades de Zaragoza, Burgos, Segovia, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y San Sebastián, siendo esta última la que se alzó con el ansiado premio.

Sin profundizar en las quejas presentadas por otras candidaturas, que se consideraban poseedoras de mayores méritos que la ciudad finalmente elegida, es de destacar la razón esgrimida por el jurado para otorgar el premio a San Sebastián: la distinción concedida a la capital guipuzcoana como Capital Europea de la Cultura 2016 «servirá para afianzar el proceso de paz».

Por lo tanto, si ya de por sí son sospechosas de politización elecciones de este tipo, las sospechas se tornan ahora en una macabra certidumbre: la certidumbre de que el gobierno de España sigue manteniendo el diálogo con una banda terrorista antiespañola como ETA, y a la que recientemente se le ha concedido la gracia de presentarse a unas elecciones bajo la forma de la coalición Bildu, logrando unos resultados tan abrumadores (segunda fuerza política a nivel municipal en el País Vasco) como desalentadores para la causa de la Nación Española. No olvidemos que la alcaldía de San Sebastián se encuentra en posesión de Bildu, con lo que a los medios que le otorga el poder controlar tan importante consistorio, hay que añadir todos los parabienes que le facilitará su condición de capitalidad cultural. Esta designación de San Sebastián como Capital Europea de la Cultura no puede considerarse sino como un nuevo favor a ETA.

Por si fuera poco, el alcalde saliente, Odón Elorza, famoso por su connivencia con las anteriores marcas blancas de ETA, y derrotado precisamente por Bildu tras veinte años ininterrumpidos de gobierno socialista en el consistorio donostiarra, ya se ha lamentado porque según él se politice la elección de la capitalidad cultural. ¿Es que acaso la presencia de Bildu en la alcaldía no es ya de por sí un signo inequívoco de politización hacia la causa de quienes buscan destruir la Nación Española a cualquier precio?

¿Y qué puede ofrecer como «cultura» una Capitalidad Cultural dirigida por una fuerza política extravagante, que ya ha manifestado su intención de que el ejército, la policía y cualquier otra fuerza de seguridad española salgan del País Vasco? Obviamente, todo lo que no sea común al resto de la Nación Española, a la cultura común que caracteriza a una de las naciones más antiguas de Europa. Lo que representa desde varias décadas atrás la normalización lingüística en eusquera, ignorando el español, o la segregación de cualquier rasgo cultural común al resto de la Nación Española. Algo por lo que ETA, las siglas que se ocultan tras la máscara de Bildu, lleva peleando con sanguinarios métodos desde hace más de cincuenta años.

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La «guerra» de Arzalluz

La semana pasada fueron noticia unas declaraciones del antiguo dirigente del Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzalluz, acerca del éxito electoral de la coalición proetarra Bildu, vertidas en el también diario proetarra Gara. El ex dirigente nacionalista, el mismo que presumió en su día de «recoger las nueces» que caían del árbol que agitaba ETA con sus atentados terroristas, ha afirmado, con todo el cinismo del que siempre ha hecho gala, que la lucha contra ETA «es una guerra que Madrid no ha ganado, ha perdido».

Más allá de las caracterizaciones que para diversos expertos merece el terrorismo, ya sea considerado como guerra o como mero acto delictivo, no es menos cierto que las acciones terroristas de ETA siempre han sido realizadas contra España, siendo los etarras declarados enemigos de la Nación Española desde el mismo momento de su formación. Tampoco es menos cierto que Arzalluz y el PNV en general, durante sus treinta años ininterrumpidos de gobierno en el País Vasco, se aprovecharon del terror causado por ETA para obtener cuantiosos réditos electorales, propiciando incluso coaliciones con Batasuna, el brazo político de la banda terrorista, y lanzándose de manera clara en brazos de los terroristas cuando éstos asesinaron cobarde y brutalmente a Miguel Ángel Blanco.

De la protección que el PNV ofreció a ETA cuando el gobierno de José María Aznar la tenía más acorralada que nunca, hacen gala las declaraciones de Arzalluz durante la entrevista, refiriéndose a la aprobación de la Ley de Partidos que permitió la ilegalización de Batasuna y sus subsiguientes marcas electorales. Arzalluz incluso afirma que «nosotros [el PNV] no fuimos suficientemente contundentes cuando salió la Ley de Partidos. Yo era presidente y di ruedas de prensa condenando aquello, porque decía "hoy éstos y mañana nosotros", y además rompen la capacidad, la fuerza, que podamos tener juntos». No cabe manifestar mayor complicidad con el terrorismo etarra.

El resto de la entrevista no nos dice gran cosa que ya no supiéramos de tan nefasto personaje, enemigo declarado de la Nación Española: es partidario de la independencia del País Vasco, «mejor hoy que mañana», pero también confiesa que su orientación táctica fue irla consiguiendo «a pasos, como todo en la vida». Y es que Arzalluz, haciendo gala de su victimismo habitual, afirma, refiriéndose a los vascos que «hoy por hoy no tenemos más que incomodidad y rechazo por todos los lados. Hoy, en España, el sentimiento mayoritario sobre los vascos es que "estos se han ido" porque les gustaría tenernos, pero ya saben que a la mayoría no nos tienen». La independencia del País Vasco es contemplada ya como un hecho irreversible por quien siempre mantuvo una guerra declarada contra España.

Desde DENAES no cabe establecer otro diagnóstico de las declaraciones de Arzalluz que su satisfacción por el éxito electoral de Bildu en las pasadas elecciones municipales, pues constituye un paso más hacia la segregación del País Vasco de la Nación Española. Paso propiciado, no es menos cierto, por la legalización de sus listas electorales que el Tribunal Constitucional y el Gobierno de España toleraron pese a todas las pruebas en contra de semejante decisión.

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Pacto o traición

Aún no nos hemos recuperado de los resultados electorales de la coalición proetarra Bildu, cuando el lehendakari Pachi López ha afirmado que están estudiando en su partido, el PSE, llegar a «acuerdos puntuales» con la coalición proterrorista. Justo además el día en que PSOE y PP pactaban en el Congreso de los Diputados «la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas» de ETA, toda una contradicción en los términos entre el PSOE nacional y el PSE. La razón fundamental de esta decisión, al parecer, se encuentra en que el partido de López, el PSE, no ha recibido suficiente refrendo en las urnas y teme perder cuotas de poder a nivel municipal y en las diputaciones de la comunidad autónoma vasca.

Al bochornoso espectáculo ofrecido por el sector «progresista» del Tribunal Constitucional, actuando como casación de unas pruebas ya firmemente establecidas por el Tribunal Supremo, con tal de validar como fuese la coalición de ETA para los comicios municipales y autonómicos, tenemos que sumar a un dirigente del PSOE, en este caso quien preside el gobierno del País Vasco, que se ofrece al acuerdo con quienes son los herederos legales de la vieja Batasuna. Esta misma semana hemos podido presenciar, «con luz y taquígrafos», el encuentro PSE-Bildu, presidido por el «independiente» columnista del diario proetarra Gara, Martín Garitano, y el socialista Miguel Buen, ambos candidatos a liderar la Diputación de Guipúzcoa.

Paradójicamente, López ha pasado de mantener un acuerdo de apoyo con el PP en el País Vasco, con el objeto de acabar con treinta años de dominio del nacionalismo del PNV, a dejarse querer por estos últimos, y ya directamente a proclamar su voluntad de llegar a acuerdos con quienes representan la violencia terrorista que busca segregar el País Vasco de la Nación Española. Poca diferencia puede haber ya entre un PSOE nacional que cometió delito de alta traición al negociar con los terroristas de ETA, además de humillar a unas víctimas del terrorismo que ven defraudada su confianza en el imperio de la ley, y un PSE que ya se ofrece públicamente a esta clase de componendas.

En estas condiciones, desde DENAES consideramos que debieran pensar muy seriamente los dirigentes del Partido Popular si tiene aún sentido apoyar a un lehendakari que ha dado la espalda a las promesas que formuló durante su investidura, hace ahora justamente dos años.

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El «independiente» Tribunal Constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha afirmado escandalizado que no entiende por qué se cuestiona la independencia de los magistrados. Todo ello acerca de la polémica que ha generado la decisión del Alto Tribunal de permitir a la coalición Bildu concurrir a las elecciones del 22 de mayo. En efecto, si leemos la Constitución Española, en ella el Tribunal Constitucional se define como intérprete supremo y órgano independiente, que vela por la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, pese a que el Tribunal Constitucional es formalmente un tribunal compuesto de jueces y magistrados, la particularidad de éstos reside en que no son designados directamente por el Consejo General del Poder Judicial, sino por el Parlamento, por el poder legislativo, que es quien decide su composición. La ya habitual división que los periodistas suelen establecer entre los magistrados «conservadores» y los «progresistas» miembros del Tribunal Constitucional, es especialmente reveladora de esta peculiaridad.

Si realmente los jueces del Alto Tribunal fueran «independientes», estaría de más, o sería incluso improcedente, mencionar sus adscripciones ideológicas. Pero lo cierto es que tales magistrados votan y deciden precisamente en función de su ideología: los seis magistrados que votaron a favor de que Bildu se presente a las elecciones municipales eran del grupo «progresista», considerado afín al actual gobierno del PSOE. El Tribunal Constitucional deja de ser un mero tribunal independiente y único en su género, y se convierte así en un tribunal político, cuyas sentencias son inducidas por el gobierno aprovechando la composición favorable de su pleno.

Así, el Tribunal Constitucional ejerce un papel de tribunal de casación de las sentencias del Tribunal Supremo, un tribunal de signo político que está por encima del poder judicial, que revisa las sentencias del Supremo si ello conviene al Gobierno. El permiso parlamentario otorgado en su día para que el gobierno del PSOE dialogue con la banda terrorista ETA, está sin duda directamente relacionado con la legalización de una coalición política que incluye a componentes del ilegalizado partido Sortu (en estricta aplicación de la Ley de Partidos por parte del Tribunal Supremo tanto para éste como para el caso de Bildu), para beneficio del PSOE y del Gobierno en sus tratos con ETA. Todo en perjuicio de la Nación Española, como ya se comprobó en el grave precedente de la tramitación del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. El bochornoso espectáculo ofrecido, prolongándose de manera fraudulenta la presencia de varios de sus miembros, además de la bronca de algún miembro del gobierno a la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, nos ofrece muestras más que significativas de en qué se ha convertido el Tribunal Constitucional.

Desde DENAES no podemos sino denunciar la corrupción del Alto Tribunal por sentencias como las nombradas, pues en lugar de velar por el cumplimiento de la Constitución (en cuyo Artículo 2 se señala claramente la indisoluble unidad de la Nación Española), permitió en su día la felonía del Estatuto de Cataluña; ahora, ha permitido la legalización de una banda terrorista para que concurra a las próximas elecciones y pueda ocupar alcaldías y subvencionarse con dinero del Estado, para proseguir su lucha asesina y criminal contra la Nación Española.

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Comunicando

ETA ha vuelto a comunicar a sus enemigos la intención de mantener sus amenazas si es que no se accede a sus objetivos. Menuda noticia.

Envuelta en esa realidad imaginaria de un país no reconocido por España y Francia al que llaman «Euskadi», la banda funciona como si sus emisarios fueran embajadores que de igual a igual, de nación a nación, comunicaran a sus homólogos que deben suscribir un acuerdo de paz. Y no dejan de ser condescendientes con sus amenazados de muerte, que hasta les venden su propia derrota.

La confusión en la que viven, no obstante, no es nuestro problema. Allá los asesinos con sus motivaciones. El drama de España es que nos encontramos con un Gobierno que acepta las reglas impuestas por los terroristas, dando por bueno el mero hecho de «comunicar» con semejante plataforma. Prueba de ello son las declaraciones de Caamaño, nada menos que ministro de Justicia: «de ETA sólo esperamos un comunicado, y es que abandone de forma definitiva las armas y que se sume a la convivencia pacífica que deseamos todos los españoles».

¿Qué es eso de que ETA «se sume» a la convivencia? ¿Acaso que dejar las armas sería el precio suficiente con el que la Justicia española admitiría el pago por la responsabilidad de sus asesinatos? Lo inimaginable para cualquier otro grupo criminal en España, es posible para ETA. Dejar de asesinar, simplemente; tal es su castigo. Porque, en el fondo, Caamaño cree que tienen derecho a hacerlo, como si la «nación» en ciernes que España elimina, Euskadi, tuviera en ETA al ejército que firma su rendición.

Y es que ETA podrá ser una banda de asesinos alucinados, pero su alucinación se sostiene mientras damos audiencia a sus planes de acción. Y en ese sostén se incluye no sólo al Gobierno, sino a la prensa, y en general, medios de comunicación que deberían mostrar a los españoles la brutalidad y las intenciones del terror separatista, pero no dar beligerancia a sus palabras, a sus comunicados que siempre dicen lo mismo.

Un país decente, en caso de llegar ese último y, al parecer, deseado comunicado, no haría mejor cosa que tomarlo como lo que es cualquier anuncio de ETA: la trampa de una negociación encubierta.

Desde la Fundación DENAES para la Defensa de la Nación Española queremos alertar a los españoles de la negociación encubierta del Gobierno y animarles a acudir a la manifestación convocada por la AVT para el próximo 9 de abril, a las 17.00 en la Glorieta de Bilbao, en Madrid: Por la derrota del terrorismo, ETA fuera de las elecciones.

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Entreabrir la puerta al plurilingüismo

Saben bien sus señorías de la importancia que tienen los juicios que sobre sus formas emite la prensa en sus diferentes manifestaciones. Lo saben bien y por ello, unos con más rigor que otros, se ciñen a los preceptos que marca esa tiranía que se esconde tras el rótulo de lo políticamente correcto. José Bono, Presidente del Congreso de los Diputados, es sin duda uno de los que con mayor astucia y, en ocasiones, cierto histrionismo, maneja su cuidada imagen.

Católico confeso, capaz, sin embargo, de comulgar con galletas; protomártir primero —«antes prefiero morir que matar»— belicista con respecto a Libia después, don José toleró el pasado martes, que varios diputados españoles se manifestaran en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, en vascuence, gallego y catalán para, después de terminada su ilegal alocución, aclarar que toleraba tal violación del reglamento: «para que no se diga...».

Bono, de este modo, demuestra hasta qué punto su conducta está condicionada por la opinión que puedan emitir sobre la misma los llamados medios, unos medios encantados de sustituir la toponimia en español por sus correlatos vernáculos. Al margen de cuestiones mediáticas que tanto obsesionan a algunos, cabe advertir que lo que los separatistas, desde la «radical» ETA a los «moderados» de CIU, persiguen, esto es, la destrucción de su odiada España, tiene en la desaparición del español —no confundir con el castellano— uno de sus principales objetivos.

Así pues, en una España fragmentada por las fronteras interiores que supone su estructura autonómica de tendencia confederal, los avances de las aludidas facciones antiespañolas no pueden sino abrigar esperanzas de alcanzar nuevas conquistas tras haber logrado convertir al Senado en una auténtica y bufa Torre de Babel, tras este respiro concedido por Bono, quien no ignora que su propio partido acusa una estructura coincidente, y mimetizada cada día más por su principal fuerza oponente, con el estado autonómico. En su tacticismo, sin duda, juega un importante papel el hecho de que dentro del PSOE tenga una gran fuerza —la misma que llevó a ZP a su presidencia— el grupo PSC, de indudable aroma catalanista y con un deseo cada vez menos disimulado de crear un grupo propio en el Congreso, un grupo que, sin duda, se expresaría en catalán y cuyos votos serían imprescindibles para la victoria de un candidato socialista.

Cuestiones internas todas ellas que en nada pueden importar a España y a los patriotas, que no patrioteros oportunistas, que la defienden, muchos de los cuales están integrados en la Fundación para la Defensa de la Nación Española cuyo idioma, de alcance universal, es el español.

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