Ilegalizaciones sortutarras

La aparición en el escaparate electoral de la candidatura hispanófoba Sortu, ha vuelto a poner de relieve la ausencia, en el parlamento español, de una doctrina sólida a la que acogerse cuando se pretende ejercer un patriotismo basado en razones y ajeno a ramplones argumentos emanados de las vísceras o el sentimentalismo. A diario, en las telepantallas, y en torno a las listas de Sortu, se desgranan los más alambicados argumentos, siempre en aras de obtener la convergencia con el pensamiento políticamente correcto.

En suma, y como único requisito exigido para la legalización de tal partido, un gran espectro de la clase política cuyas ideas son amplificadas por los medios de comunicación afines, exige al colectivo proetarra la renuncia al uso de la violencia, pues, al parecer, cualquier idea se puede defender en ausencia de tales métodos, pudiendo recurrirse al no menos violento verbo, aun cuando ese verbo pretenda, desde la caja de resonancia de las instituciones españolas, destruir España.

A esta cuestión hemos de añadir la sospecha que gravita sobre tal formación, según la cual, ésta no sería sino un señuelo que desviara la atención hacia la verdadera maniobra orquestada por los secesionistas: colarse en las instituciones políticas incorporando sus miembros a las listas del partido Eusko Alkartasuna.

Sea como fuere, repetimos, la llamada clase política española acusa una debilidad en cuanto a sus principios que, unida a las eventualidades de la aritmética electoral, permite crecer a estas facciones más o menos contaminadas.

En este sentido, en el de los principios, Denaes publicó en 2008 un corpus: En defensa de España. Razones para el patriotismo español, donde se señala la contradicción consistente en permitir la existencia legal, dentro de la propia Nación Española, de partidos políticos y organizaciones en cuyas bases programáticas se declara abiertamente la intención de destruir la Nación Española. Así, la desobediencia civil en España toma forma antiespañola, «canalizada a través de los partidos secesionistas, infiltrados institucionalmente en el cuerpo político español» y conduce por «el camino de la divergencia y la secesión», como señala En defensa de España en su página 149.

FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA.

Con o sin las armas

La cuestión de la ETA, desde un punto de vista teórico, no tiene mucha enjundia; es, simplemente, la práctica del asesinato como medio para conseguir la secesión de las provincias vascas y Navarra del resto de España. Esto, claro es, en cuanto que los mismos etarras consideran que sólo una amenaza tan grave como es el asesinato reiterado de ciudadanos españoles, puede quebrar la moral de un Gobierno como para que este vea prudente «sentarse a negociar».

Ahora bien, si los representantes del Estado «bajan el listón» de su amedrentamiento, puede suceder que los asesinos no tengan que asesinar a ningún español más, puesto que la mera amenaza de «volver a las armas» será suficiente para que aquellos se «sienten a negociar». Este, y no otro, es el significado de la tregua. Por eso, atención, no hay que hablar de «tregua-trampa», puesto que todo tregua anunciada por una banda terrrorista, en sí misma, supone la vuelta a reanudar la actividad criminal de no obtenerse los objetivos por los que se asesina.

Y cumplido este paso, «sentarse a negociar» puede incluso significar sentarse definitivamente, o sea, instalándose en un parlamento a través de lo que se conoce como «brazo político». Ahora, los asesinos podrán empezar a ser reconocidos por las gentes ingenuas, como meros asesinos «en potencia», de tal suerte que su conversión en asesinos «en acto» sólo vendría por la negativa del Estado a aceptar que su “brazo político” participe en una elecciones.

La falacia es conocida. Se llama de la «falsa causa»: post hoc, ergo propter hoc. Y como en toda falacia, lo que se está escamoteando es el nexo causal real entre un fenómeno (ilegalización del partido cómplice) y el otro (asesinar); ese nexo causal, insistimos, es la secesión de España. De esta corrupción lógica proviene uno de los insultos más graves y escandolosos que se pueda verter contra todo aquel que no abriga esperanza alguna acerca de las «virtudes» del diálogo, sea este en privado, o en el mismo parlamento, a saber, que acaso le interese que ETA vuelva a asesinar.

Pues bien, los españoles tenemos un Gobierno que no sabe por qué asesina la ETA, y si lo sabe, le da igual. Cree, estúpidamente, que los «asesinos en potencia» se pueden quedar en ese estado, aletargados, en virtud de la democracia; no sabe, o le da igual, que lo que importa no es tanto acabar con ETA como con cualquier organización que defienda su mismo objetivo final. Y tanto da si es con las armas o sin ellas.

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Federar para disolver España

En las últimas semanas, y desde diversas posiciones ideológicas que van desde un impreciso liberalismo a la socialdemocracia, pasando por posiciones vaga o abiertamente separatistas, ha arreciado la propuesta de transformar a España en un estado federal, asunto que aflora de tiempo en tiempo dada la inestabilidad territorial de la Nación. El punto álgido de este movimiento, se alcanzó el pasado domingo, en la reunión que el PSOE mantuvo en Zaragoza y en la que, al parecer forzado por el PSC se trató de estos asuntos.

La conclusión a la que llegó este cónclave de barones, es que el Estado de las Autonomías, debe ser reforzado, en la búsqueda de «generar una cultura federal de colaboración basada en la multilateralidad como mecanismo habitual de relación», con la salvedad de algunos asuntos, ignotos todavía, que se tratarían de forma «bilateral» con el Estado.

Como se observa, la doctrina de la bilateralidad recogida en el Estatuto de Cataluña y apoyada por los jueces de cuota del Tribunal Constitucional, ha calado hondo en los socialdemócratas, que aprecian en la palabra federal, un agradable sonido de efectos taumatúrgicos sobre una nación que, gobernada por ellos mayoritariamente durante el presente régimen constitucional, ofrece la cifra de paro más alta de sus historia y ha supuesto, por los motivos estructurales en los que ahora insisten, la pérdida de la igualdad de derechos y obligaciones entre españoles, así como una debilidad más allá de sus fronteras que es por todos apreciada.

Federar es toda la solución que ofrece la autodenominada izquierda española, envuelta en su habitual gnosticismo y fiel a algunos de sus lejanos ideólogos —en este punto nos viene a la mente la figura de Pi y Margall— más afectos a la Humanidad que a España, estructura política que no es, dadas estas coordenadas de aromas krausistas, sino un obstáculo para poner en marcha iniciativas más elevadas, tal es el proyecto de la Alianza de Civilizaciones con el que sueña Rodríguez Zapatero.

Bajo el melódico federalismo, en el fondo un verdadero confederacionalismo, sin embargo, y dada la realidad política española, se esconden, como es sabido, otros intereses. No se trata, pues, de solucionar deficiencias del sistema autonómico, sino de abrir la puerta a la implantación definitiva de las llamadas nacionalidades históricas, que quedarían aún más reforzadas junto antes de la federación. Pues para federar, es imprescindible, en un estado unitario como el español, romper para luego reunir. Y en ese momento de ruptura, muchos de los objetivos, abiertamente antiespañoles, cristalizarían, para incorporarse en una asimétrica, plurinacional y plurilingüe federación ante la que Denaes no puede sino mostrar su más firme oposición.

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