El «independiente» Tribunal Constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha afirmado escandalizado que no entiende por qué se cuestiona la independencia de los magistrados. Todo ello acerca de la polémica que ha generado la decisión del Alto Tribunal de permitir a la coalición Bildu concurrir a las elecciones del 22 de mayo. En efecto, si leemos la Constitución Española, en ella el Tribunal Constitucional se define como intérprete supremo y órgano independiente, que vela por la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, pese a que el Tribunal Constitucional es formalmente un tribunal compuesto de jueces y magistrados, la particularidad de éstos reside en que no son designados directamente por el Consejo General del Poder Judicial, sino por el Parlamento, por el poder legislativo, que es quien decide su composición. La ya habitual división que los periodistas suelen establecer entre los magistrados «conservadores» y los «progresistas» miembros del Tribunal Constitucional, es especialmente reveladora de esta peculiaridad.

Si realmente los jueces del Alto Tribunal fueran «independientes», estaría de más, o sería incluso improcedente, mencionar sus adscripciones ideológicas. Pero lo cierto es que tales magistrados votan y deciden precisamente en función de su ideología: los seis magistrados que votaron a favor de que Bildu se presente a las elecciones municipales eran del grupo «progresista», considerado afín al actual gobierno del PSOE. El Tribunal Constitucional deja de ser un mero tribunal independiente y único en su género, y se convierte así en un tribunal político, cuyas sentencias son inducidas por el gobierno aprovechando la composición favorable de su pleno.

Así, el Tribunal Constitucional ejerce un papel de tribunal de casación de las sentencias del Tribunal Supremo, un tribunal de signo político que está por encima del poder judicial, que revisa las sentencias del Supremo si ello conviene al Gobierno. El permiso parlamentario otorgado en su día para que el gobierno del PSOE dialogue con la banda terrorista ETA, está sin duda directamente relacionado con la legalización de una coalición política que incluye a componentes del ilegalizado partido Sortu (en estricta aplicación de la Ley de Partidos por parte del Tribunal Supremo tanto para éste como para el caso de Bildu), para beneficio del PSOE y del Gobierno en sus tratos con ETA. Todo en perjuicio de la Nación Española, como ya se comprobó en el grave precedente de la tramitación del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. El bochornoso espectáculo ofrecido, prolongándose de manera fraudulenta la presencia de varios de sus miembros, además de la bronca de algún miembro del gobierno a la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, nos ofrece muestras más que significativas de en qué se ha convertido el Tribunal Constitucional.

Desde DENAES no podemos sino denunciar la corrupción del Alto Tribunal por sentencias como las nombradas, pues en lugar de velar por el cumplimiento de la Constitución (en cuyo Artículo 2 se señala claramente la indisoluble unidad de la Nación Española), permitió en su día la felonía del Estatuto de Cataluña; ahora, ha permitido la legalización de una banda terrorista para que concurra a las próximas elecciones y pueda ocupar alcaldías y subvencionarse con dinero del Estado, para proseguir su lucha asesina y criminal contra la Nación Española.

FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

Ilegalizaciones sortutarras

La aparición en el escaparate electoral de la candidatura hispanófoba Sortu, ha vuelto a poner de relieve la ausencia, en el parlamento español, de una doctrina sólida a la que acogerse cuando se pretende ejercer un patriotismo basado en razones y ajeno a ramplones argumentos emanados de las vísceras o el sentimentalismo. A diario, en las telepantallas, y en torno a las listas de Sortu, se desgranan los más alambicados argumentos, siempre en aras de obtener la convergencia con el pensamiento políticamente correcto.

En suma, y como único requisito exigido para la legalización de tal partido, un gran espectro de la clase política cuyas ideas son amplificadas por los medios de comunicación afines, exige al colectivo proetarra la renuncia al uso de la violencia, pues, al parecer, cualquier idea se puede defender en ausencia de tales métodos, pudiendo recurrirse al no menos violento verbo, aun cuando ese verbo pretenda, desde la caja de resonancia de las instituciones españolas, destruir España.

A esta cuestión hemos de añadir la sospecha que gravita sobre tal formación, según la cual, ésta no sería sino un señuelo que desviara la atención hacia la verdadera maniobra orquestada por los secesionistas: colarse en las instituciones políticas incorporando sus miembros a las listas del partido Eusko Alkartasuna.

Sea como fuere, repetimos, la llamada clase política española acusa una debilidad en cuanto a sus principios que, unida a las eventualidades de la aritmética electoral, permite crecer a estas facciones más o menos contaminadas.

En este sentido, en el de los principios, Denaes publicó en 2008 un corpus: En defensa de España. Razones para el patriotismo español, donde se señala la contradicción consistente en permitir la existencia legal, dentro de la propia Nación Española, de partidos políticos y organizaciones en cuyas bases programáticas se declara abiertamente la intención de destruir la Nación Española. Así, la desobediencia civil en España toma forma antiespañola, «canalizada a través de los partidos secesionistas, infiltrados institucionalmente en el cuerpo político español» y conduce por «el camino de la divergencia y la secesión», como señala En defensa de España en su página 149.

FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA.