El «independiente» Tribunal Constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, ha afirmado escandalizado que no entiende por qué se cuestiona la independencia de los magistrados. Todo ello acerca de la polémica que ha generado la decisión del Alto Tribunal de permitir a la coalición Bildu concurrir a las elecciones del 22 de mayo. En efecto, si leemos la Constitución Española, en ella el Tribunal Constitucional se define como intérprete supremo y órgano independiente, que vela por la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, pese a que el Tribunal Constitucional es formalmente un tribunal compuesto de jueces y magistrados, la particularidad de éstos reside en que no son designados directamente por el Consejo General del Poder Judicial, sino por el Parlamento, por el poder legislativo, que es quien decide su composición. La ya habitual división que los periodistas suelen establecer entre los magistrados «conservadores» y los «progresistas» miembros del Tribunal Constitucional, es especialmente reveladora de esta peculiaridad.

Si realmente los jueces del Alto Tribunal fueran «independientes», estaría de más, o sería incluso improcedente, mencionar sus adscripciones ideológicas. Pero lo cierto es que tales magistrados votan y deciden precisamente en función de su ideología: los seis magistrados que votaron a favor de que Bildu se presente a las elecciones municipales eran del grupo «progresista», considerado afín al actual gobierno del PSOE. El Tribunal Constitucional deja de ser un mero tribunal independiente y único en su género, y se convierte así en un tribunal político, cuyas sentencias son inducidas por el gobierno aprovechando la composición favorable de su pleno.

Así, el Tribunal Constitucional ejerce un papel de tribunal de casación de las sentencias del Tribunal Supremo, un tribunal de signo político que está por encima del poder judicial, que revisa las sentencias del Supremo si ello conviene al Gobierno. El permiso parlamentario otorgado en su día para que el gobierno del PSOE dialogue con la banda terrorista ETA, está sin duda directamente relacionado con la legalización de una coalición política que incluye a componentes del ilegalizado partido Sortu (en estricta aplicación de la Ley de Partidos por parte del Tribunal Supremo tanto para éste como para el caso de Bildu), para beneficio del PSOE y del Gobierno en sus tratos con ETA. Todo en perjuicio de la Nación Española, como ya se comprobó en el grave precedente de la tramitación del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. El bochornoso espectáculo ofrecido, prolongándose de manera fraudulenta la presencia de varios de sus miembros, además de la bronca de algún miembro del gobierno a la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, nos ofrece muestras más que significativas de en qué se ha convertido el Tribunal Constitucional.

Desde DENAES no podemos sino denunciar la corrupción del Alto Tribunal por sentencias como las nombradas, pues en lugar de velar por el cumplimiento de la Constitución (en cuyo Artículo 2 se señala claramente la indisoluble unidad de la Nación Española), permitió en su día la felonía del Estatuto de Cataluña; ahora, ha permitido la legalización de una banda terrorista para que concurra a las próximas elecciones y pueda ocupar alcaldías y subvencionarse con dinero del Estado, para proseguir su lucha asesina y criminal contra la Nación Española.

FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

Comunicando

ETA ha vuelto a comunicar a sus enemigos la intención de mantener sus amenazas si es que no se accede a sus objetivos. Menuda noticia.

Envuelta en esa realidad imaginaria de un país no reconocido por España y Francia al que llaman «Euskadi», la banda funciona como si sus emisarios fueran embajadores que de igual a igual, de nación a nación, comunicaran a sus homólogos que deben suscribir un acuerdo de paz. Y no dejan de ser condescendientes con sus amenazados de muerte, que hasta les venden su propia derrota.

La confusión en la que viven, no obstante, no es nuestro problema. Allá los asesinos con sus motivaciones. El drama de España es que nos encontramos con un Gobierno que acepta las reglas impuestas por los terroristas, dando por bueno el mero hecho de «comunicar» con semejante plataforma. Prueba de ello son las declaraciones de Caamaño, nada menos que ministro de Justicia: «de ETA sólo esperamos un comunicado, y es que abandone de forma definitiva las armas y que se sume a la convivencia pacífica que deseamos todos los españoles».

¿Qué es eso de que ETA «se sume» a la convivencia? ¿Acaso que dejar las armas sería el precio suficiente con el que la Justicia española admitiría el pago por la responsabilidad de sus asesinatos? Lo inimaginable para cualquier otro grupo criminal en España, es posible para ETA. Dejar de asesinar, simplemente; tal es su castigo. Porque, en el fondo, Caamaño cree que tienen derecho a hacerlo, como si la «nación» en ciernes que España elimina, Euskadi, tuviera en ETA al ejército que firma su rendición.

Y es que ETA podrá ser una banda de asesinos alucinados, pero su alucinación se sostiene mientras damos audiencia a sus planes de acción. Y en ese sostén se incluye no sólo al Gobierno, sino a la prensa, y en general, medios de comunicación que deberían mostrar a los españoles la brutalidad y las intenciones del terror separatista, pero no dar beligerancia a sus palabras, a sus comunicados que siempre dicen lo mismo.

Un país decente, en caso de llegar ese último y, al parecer, deseado comunicado, no haría mejor cosa que tomarlo como lo que es cualquier anuncio de ETA: la trampa de una negociación encubierta.

Desde la Fundación DENAES para la Defensa de la Nación Española queremos alertar a los españoles de la negociación encubierta del Gobierno y animarles a acudir a la manifestación convocada por la AVT para el próximo 9 de abril, a las 17.00 en la Glorieta de Bilbao, en Madrid: Por la derrota del terrorismo, ETA fuera de las elecciones.

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Entreabrir la puerta al plurilingüismo

Saben bien sus señorías de la importancia que tienen los juicios que sobre sus formas emite la prensa en sus diferentes manifestaciones. Lo saben bien y por ello, unos con más rigor que otros, se ciñen a los preceptos que marca esa tiranía que se esconde tras el rótulo de lo políticamente correcto. José Bono, Presidente del Congreso de los Diputados, es sin duda uno de los que con mayor astucia y, en ocasiones, cierto histrionismo, maneja su cuidada imagen.

Católico confeso, capaz, sin embargo, de comulgar con galletas; protomártir primero —«antes prefiero morir que matar»— belicista con respecto a Libia después, don José toleró el pasado martes, que varios diputados españoles se manifestaran en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, en vascuence, gallego y catalán para, después de terminada su ilegal alocución, aclarar que toleraba tal violación del reglamento: «para que no se diga...».

Bono, de este modo, demuestra hasta qué punto su conducta está condicionada por la opinión que puedan emitir sobre la misma los llamados medios, unos medios encantados de sustituir la toponimia en español por sus correlatos vernáculos. Al margen de cuestiones mediáticas que tanto obsesionan a algunos, cabe advertir que lo que los separatistas, desde la «radical» ETA a los «moderados» de CIU, persiguen, esto es, la destrucción de su odiada España, tiene en la desaparición del español —no confundir con el castellano— uno de sus principales objetivos.

Así pues, en una España fragmentada por las fronteras interiores que supone su estructura autonómica de tendencia confederal, los avances de las aludidas facciones antiespañolas no pueden sino abrigar esperanzas de alcanzar nuevas conquistas tras haber logrado convertir al Senado en una auténtica y bufa Torre de Babel, tras este respiro concedido por Bono, quien no ignora que su propio partido acusa una estructura coincidente, y mimetizada cada día más por su principal fuerza oponente, con el estado autonómico. En su tacticismo, sin duda, juega un importante papel el hecho de que dentro del PSOE tenga una gran fuerza —la misma que llevó a ZP a su presidencia— el grupo PSC, de indudable aroma catalanista y con un deseo cada vez menos disimulado de crear un grupo propio en el Congreso, un grupo que, sin duda, se expresaría en catalán y cuyos votos serían imprescindibles para la victoria de un candidato socialista.

Cuestiones internas todas ellas que en nada pueden importar a España y a los patriotas, que no patrioteros oportunistas, que la defienden, muchos de los cuales están integrados en la Fundación para la Defensa de la Nación Española cuyo idioma, de alcance universal, es el español.

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La «desgracia» de Godall

Anteyer fueron noticia las desafortunadas declaraciones de Alfons Godall, vicepresidente del Fútbol Club Barcelona durante la época de Joan Laporta, en las que comparaba la «desgracia» que sufren los catalanes por pertenecer a España, con el desastre que está sufriendo Japón por el terremoto que recientemente ha devastado el país del sol naciente. «Los catalanes somos unos ciudadanos castigados por la desgracia y la injusticia históricas», pues «el destino y la desdicha nos han llevado a tener que ser españoles y sufrir las consecuencias», ha afirmado Godall.

Y en efecto, el nacionalismo catalán desde siempre ha considerado una «injusticia histórica» el haber sido sometido a una «cárcel de pueblos» llamada España, en la que Cataluña ha de cohabitar con unos seres humanos en inferioridad racial, con los españoles «mesetarios», causantes a su juicio de la decadencia de España durante el siglo XIX. Como nos cuenta el profesor Francisco Caja en su libro La raza Catalana: El núcleo doctrinal del catalanismo, publicado en Encuentro el pasado 2009, los separatistas catalanes siempre consideraron «la raza catalana» como más «europea», cuyo destino histórico es imperar en España y revitalizarla. Por ejemplo, el nacionalista catalán Pompeyo Gener ya afirmó en 1900 que los catalanes eran «arios» (al contrario de los de «La Meseta», los «del otro lado del Ebro»), por lo que debían ser ellos quienes dirigieran una España decadente a causa del predominio de lo que consideraban una raza mesetaria inferior.

Claro que Godall no habla simplemente de imperar sobre una España que considera inferior, sino que los propios catalanes pueden librarse de «la pesada carga» que supone estar presos de España: «nosotros lo podemos resolver», afirmó; resolución que no es otra que la independencia respecto a España. Las declaraciones de Godall se convierten así en un acto de desafección hacia la patria; desafección muy habitual en sus tiempos de vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, manifestada con la reivindicación de los denominados «Países Catalanes» (que incluyen toda la franja mediterránea de España) en los prolegómenos de los partidos jugados en el estadio del Fútbol Club Barcelona, o bien con el apoyo a organizaciones separatistas catalanas, como Esait, que fueron instigadoras de los abucheos al Himno Nacional Español y al Rey de España de parte de aficionados azulgranas en la Final de la Copa de Su Majestad el Rey del año 2009.

Y es que, en sus delirios independentistas, los separatistas catalanes no sólo desean liberarse de la «desgracia» de pertenecer a España, sino de paso expoliar un fragmento mayor de la patria común e indivisible de todos los españoles, bajo la forma de «Países Catalanes», sumando a Cataluña toda la franja mediterránea de España. Algo reivindicado en forma de «Imperialismo Catalán» desde las Bases de Manresa de 1892 enunciadas por Prat de la Riba y Francisco Cambó, en las que ya se formulaba como aspiración la inmersión lingüística actualmente practicada desde la Generalidad de Cataluña, para imponer el idioma catalán como único en Cataluña, pese a ser una minucia en comparación con una lengua universal como el español. Sería así un «país» con lengua propia que, pese a la «desgracia histórica» que le supone formar parte de la Nación Española, no duda en aprovechar las ventajas de todo tipo que le reporta esa pertenencia.

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Ilegalizaciones sortutarras

La aparición en el escaparate electoral de la candidatura hispanófoba Sortu, ha vuelto a poner de relieve la ausencia, en el parlamento español, de una doctrina sólida a la que acogerse cuando se pretende ejercer un patriotismo basado en razones y ajeno a ramplones argumentos emanados de las vísceras o el sentimentalismo. A diario, en las telepantallas, y en torno a las listas de Sortu, se desgranan los más alambicados argumentos, siempre en aras de obtener la convergencia con el pensamiento políticamente correcto.

En suma, y como único requisito exigido para la legalización de tal partido, un gran espectro de la clase política cuyas ideas son amplificadas por los medios de comunicación afines, exige al colectivo proetarra la renuncia al uso de la violencia, pues, al parecer, cualquier idea se puede defender en ausencia de tales métodos, pudiendo recurrirse al no menos violento verbo, aun cuando ese verbo pretenda, desde la caja de resonancia de las instituciones españolas, destruir España.

A esta cuestión hemos de añadir la sospecha que gravita sobre tal formación, según la cual, ésta no sería sino un señuelo que desviara la atención hacia la verdadera maniobra orquestada por los secesionistas: colarse en las instituciones políticas incorporando sus miembros a las listas del partido Eusko Alkartasuna.

Sea como fuere, repetimos, la llamada clase política española acusa una debilidad en cuanto a sus principios que, unida a las eventualidades de la aritmética electoral, permite crecer a estas facciones más o menos contaminadas.

En este sentido, en el de los principios, Denaes publicó en 2008 un corpus: En defensa de España. Razones para el patriotismo español, donde se señala la contradicción consistente en permitir la existencia legal, dentro de la propia Nación Española, de partidos políticos y organizaciones en cuyas bases programáticas se declara abiertamente la intención de destruir la Nación Española. Así, la desobediencia civil en España toma forma antiespañola, «canalizada a través de los partidos secesionistas, infiltrados institucionalmente en el cuerpo político español» y conduce por «el camino de la divergencia y la secesión», como señala En defensa de España en su página 149.

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El Marqués de Del Bosque, Español Ejemplar

El día 4 de febrero de 2011, Don Vicente del Bosque González fue nombrado I Marqués de Del Bosque, junto al premio Nobel Mario Vargas Llosa, el ex magistrado del Tribunal Constitucional Aurelio Menéndez y el empresario Villar Mir.

Su nombramiento vino dado por, en palabras de S. M. Don Juan Carlos I: «la gran dedicación al deporte español y la contribución de don Vicente del Bosque González al fomento de los valores deportivos, merece ser reconocida de manera especial, por lo que, queriendo demostrarle mi Real aprecio, vengo en otorgarle el título de Marqués de Del Bosque, para sí y sus sucesores, de acuerdo con la legislación nobiliaria española». Días más tarde, el jueves 24 de febrero, don Vicente recibía el Premio «Español Ejemplar», en la Categoría de Deporte.

Ambos galardones no son sino la prueba palpable de las conexiones existentes, especialmente en las sociedades capitalistas desarrolladas como la española, entre deporte y política. En efecto, la trayectoria de Del Bosque, primero como jugador —vistiendo, por cierto, la camiseta de la selección nacional de fútbol—, y después como seleccionador que ha logrado conducir al equipo nacional a la consecución del Mundial de Fútbol, le ha otorgado este título antes reservado para los que, en otro campo, el de batalla, se distinguían en sus servicios a la Corona, a la nación histórica española que pasó, por medio de la revolución que dio como fruto la Constitución de Cádiz, a convertirse en una nación política en la cual se mantuvieron dichos títulos nobiliarios.

En el caso de Del Bosque, el éxito deportivo sirvió para que en toda España, muchedumbres nada acomplejadas, exhibieran con orgullo las banderas españolas, para consternación de las facciones hispanófobas que la Nación consiente y aún financia. Cumpliéndose así las palabras que el seleccionador pronunció al recibir el premio entregado por DENAES.

El éxito deportivo se produjo precisamente ante Holanda, nación surgida de los Países Bajos que pertenecieran a la Monarquía Hispánica, donde comenzará a adquirir vigor la Leyenda Negra que aún atenaza a muchos españoles, aplastados por complejos históricos sin fundamento. La nación de los tulipanes, que se viste en los campos de juego con el color naranja de uno de sus fundadores, Guillermo de Orange, rinde tributo a esta figura histórica que tanto hizo por dañar la imagen de España en su tiempo.

Vaya, por lo tanto, desde aquí nuestra felicitación al nuevo Marqués, con la esperanza de que sus éxitos hayan servido para fortalecer un patriotismo que ha de ejercerse con la mayor carga de razón posible, una razón que ha de ir acompañada de la trituración de dañinos mitos como los que integran la aludida Leyenda Negra, y que han de ser superados del mismo modo que lo fue Holanda en el campo, en una batalla deportiva que ha procurado a su estratega un merecido título nobiliario.

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Sus indoctas señorías se pliegan a la toponimia del nacionalismo vasco

Con la única oposición del PP y Unión Progreso y Democracia, los diputados españoles han decidido que los topónimos en español desaparezcan de las provincias vascas, es decir, Euskadi, neologismo que se debe al talento del primero carlista, después nacionalista y siempre hispanófobo, Sabino Arana Goiri, fundador del PNV y padre del nacionalismo vasco del cual saldrían, con el tiempo, los a veces asesinos a veces hombres de paz, que integran ETA. Así pues, las tres provincias del País Vasco, pasan a llamarse, por decisión de sus indoctas señorías: Araba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, en una curiosa ortografía que admite letras griegas como la k y destierra a la españolista v.

La iniciativa, extravagante y antiespañola, no constituye novedad alguna, pues en otras ocasiones, y a veces con el apoyo del PP que ahora, con acierto, se opone a tal desatino, se han tomado decisiones que han propiciado la existencia oficial, por la que se rigen numerosos leguleyos, de denominaciones como: A Coruña, Ourense, Girona, Lleida e Illes Balears.

Los argumentos para esta democrática toma de decisión, han sido los previsibles: Los del PNV, han apelado al agravio comparativo con respecto a las regiones mencionadas. País Vasco, Euskadi o, ¿por qué no?, Euskal Herria, no va a ser menos que Galicia o Galiza, que Cataluña o Catalunya. La petición, como es lógico, ha encontrado, al margen del apoyo de un PSOE ávido de apoyos y rendido a los postulados secesionistas, el voto favorable y previsible de ERC, grupo que por boca de Jordi Xuclá, manifestó esa cantinela falsa y reiterativa según la cual el Estado –no España, palabra tabú para estos enemigos de la Nación- "avanza en el reconocimiento de su carácter plurilingüístico y plurinacional".

A estos despropósitos se sumó Gaspar Llamazares, quien no tuvo empacho en mostrar su rechazo a la "castellanización a ultranza" que, según él, ha dado lugar a diversas "traducciones ridículas". Ignora el sexista y progresista don Gaspar, que hace tan solo unos días, la nueva inquilina de la Real Academia, doña Inés Fernández-Álvarez, primer filólogo hembra de la institución, manifestó en su discurso de ingreso, que el español no puede identificarse sin más con el castellano... Pero, ¿qué puede importarle ese pequeño detalle a quien pretende, nada menos que liberar a los pueblos de España?

Desde DENAES no podemos sino pronunciarnos de forma rotunda, más rotunda que la de aquellos que no han mostrado un criterio firme en este asunto. Las ciudades de la Nación Española, deben seguirse llamando en español, y así nos conduciremos en el futuro. No hallará el lector despropósitos de este tipo en una Fundación cuyos patrióticos objetivos no admiten peajes ni componendas.

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Con o sin las armas

La cuestión de la ETA, desde un punto de vista teórico, no tiene mucha enjundia; es, simplemente, la práctica del asesinato como medio para conseguir la secesión de las provincias vascas y Navarra del resto de España. Esto, claro es, en cuanto que los mismos etarras consideran que sólo una amenaza tan grave como es el asesinato reiterado de ciudadanos españoles, puede quebrar la moral de un Gobierno como para que este vea prudente «sentarse a negociar».

Ahora bien, si los representantes del Estado «bajan el listón» de su amedrentamiento, puede suceder que los asesinos no tengan que asesinar a ningún español más, puesto que la mera amenaza de «volver a las armas» será suficiente para que aquellos se «sienten a negociar». Este, y no otro, es el significado de la tregua. Por eso, atención, no hay que hablar de «tregua-trampa», puesto que todo tregua anunciada por una banda terrrorista, en sí misma, supone la vuelta a reanudar la actividad criminal de no obtenerse los objetivos por los que se asesina.

Y cumplido este paso, «sentarse a negociar» puede incluso significar sentarse definitivamente, o sea, instalándose en un parlamento a través de lo que se conoce como «brazo político». Ahora, los asesinos podrán empezar a ser reconocidos por las gentes ingenuas, como meros asesinos «en potencia», de tal suerte que su conversión en asesinos «en acto» sólo vendría por la negativa del Estado a aceptar que su “brazo político” participe en una elecciones.

La falacia es conocida. Se llama de la «falsa causa»: post hoc, ergo propter hoc. Y como en toda falacia, lo que se está escamoteando es el nexo causal real entre un fenómeno (ilegalización del partido cómplice) y el otro (asesinar); ese nexo causal, insistimos, es la secesión de España. De esta corrupción lógica proviene uno de los insultos más graves y escandolosos que se pueda verter contra todo aquel que no abriga esperanza alguna acerca de las «virtudes» del diálogo, sea este en privado, o en el mismo parlamento, a saber, que acaso le interese que ETA vuelva a asesinar.

Pues bien, los españoles tenemos un Gobierno que no sabe por qué asesina la ETA, y si lo sabe, le da igual. Cree, estúpidamente, que los «asesinos en potencia» se pueden quedar en ese estado, aletargados, en virtud de la democracia; no sabe, o le da igual, que lo que importa no es tanto acabar con ETA como con cualquier organización que defienda su mismo objetivo final. Y tanto da si es con las armas o sin ellas.

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