Con el fin del verano ha vuelto la actualidad política habitual, y con ella una noticia no por más repetida menos sorprendente: el gobierno de la Generalidad ha reconocido abiertamente que incumplirá una nueva sentencia judicial, esta vez emanada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga al gobierno catalán a permitir la enseñanza en español para aquellos padres que deseen educar a sus hijos en la lengua oficial de España.
Sin embargo, si bien ya es habitual esta oposición de parte de políticos que han declarado abiertamente su enemistad a la Nación Española, sí sorprenden las justificaciones de dos de sus dirigentes: el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, afirma que es imposible que se hubieran producido más sentencias judiciales a favor de la educación en español, pues de lo contrario llevarían alrededor de 30 años viviendo en la ilegalidad. El Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, ha elevado un punto más su retórica: ha llamado a «la épica» para negarse a cumplir la ley.
Este verdadero cinismo de parte de dos cargos públicos que no sólo incumplen la ley sino que presumen abiertamente de ello en público, seguramente no sería posible sin la inestimable colaboración de un Gobierno de España que lleva años siendo cómplice del separatismo, desde la firma del Pacto del Tinell con el ya finado tripartito, sólo derogado en los hechos tras el triunfo de CiU en las últimas elecciones catalanas, y ahora de la mano del ejecutivo de Mas. Hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha menospreciado una sentencia emanada de la misma institución que él preside. Para él, se trata de un mero caso particular que no puede generalizarse a todo el sistema educativo catalán.
Todos ellos constituyen síntomas de una corrupción política e ideológica tan preocupante como habitual, situación en la que quienes son enemigos declarados de la Nación se saben ganadores ante un gobierno de la Nación que no hace más que claudicar, a cambio de mantenerse en el poder a cualquier precio. Ignoran así la amenaza explícita contra la Nación Española que abanderan unos dirigentes que apelan a «la épica», pues en sus fabulaciones separatistas se ven a sí mismos como «héroes» de la nación catalana que nacerá segregándose de España. Eso es lo que, sin ambigüedades de ningún tipo, han celebrado prácticamente todos los partidos políticos catalanes en la fiesta del 11 de Septiembre, la Diada, salvando las honrosas excepciones del Partido Popular y de Ciudadanos que nosotros sepamos.
Ante las inminentes elecciones generales y el presumible cambio de gobierno que se avecina, sólo cabe esperar que el Partido Popular tenga en cuenta todos estos antecedentes y, si es preciso, adopte las medidas recogidas en la Constitución Española, sin ir más lejos en su Artículo 155, para evitar que una comunidad autónoma se sitúe fuera de la ley que obliga a todos los ciudadanos de la Nación Española sin distinción.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
