La «épica» de Mas

Con el fin del verano ha vuelto la actualidad política habitual, y con ella una noticia no por más repetida menos sorprendente: el gobierno de la Generalidad ha reconocido abiertamente que incumplirá una nueva sentencia judicial, esta vez emanada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga al gobierno catalán a permitir la enseñanza en español para aquellos padres que deseen educar a sus hijos en la lengua oficial de España.

Sin embargo, si bien ya es habitual esta oposición de parte de políticos que han declarado abiertamente su enemistad a la Nación Española, sí sorprenden las justificaciones de dos de sus dirigentes: el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs,  afirma que es imposible que se hubieran producido más sentencias judiciales a favor de la educación en español, pues de lo contrario llevarían alrededor de 30 años viviendo en la ilegalidad. El Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, ha elevado un punto más su retórica: ha llamado a «la épica» para negarse a cumplir la ley.

Este verdadero cinismo de parte de dos cargos públicos que no sólo incumplen la ley sino que presumen abiertamente de ello en público, seguramente no sería posible sin la inestimable colaboración de un Gobierno de España que lleva años siendo cómplice del separatismo, desde la firma del Pacto del Tinell con el ya finado tripartito, sólo derogado en los hechos tras el triunfo de CiU en las últimas elecciones catalanas, y ahora de la mano del ejecutivo de Mas. Hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha menospreciado una sentencia emanada de la misma institución que él preside. Para él, se trata de un mero caso particular que no puede generalizarse a todo el sistema educativo catalán.

Todos ellos constituyen síntomas de una corrupción política e ideológica tan preocupante como habitual, situación en la que quienes son enemigos declarados de la Nación se saben ganadores ante un gobierno de la Nación que no hace más que claudicar, a cambio de mantenerse en el poder a cualquier precio. Ignoran así la amenaza explícita contra la Nación Española que abanderan unos dirigentes que apelan a «la épica», pues en sus fabulaciones separatistas se ven a sí mismos como «héroes» de la nación catalana que nacerá segregándose de España. Eso es lo que, sin ambigüedades de ningún tipo, han celebrado prácticamente todos los partidos políticos catalanes en la fiesta del 11 de Septiembre, la Diada, salvando las honrosas excepciones del Partido Popular y de Ciudadanos que nosotros sepamos.

Ante las inminentes elecciones generales y el presumible cambio de gobierno que se avecina, sólo cabe esperar que el Partido Popular tenga en cuenta todos estos antecedentes y, si es preciso, adopte las medidas recogidas en la Constitución Española, sin ir más lejos en su Artículo 155, para evitar que una comunidad autónoma se sitúe fuera de la ley que obliga a todos los ciudadanos de la Nación Española sin distinción.

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Bildu y la capitalidad cultural europea

La semana pasada se conoció el fallo definitivo del jurado que debía otorgar la Capitalidad Cultural Europea a una ciudad española para el año 2016, galardón a compartir con otra ciudad polaca tal y como se había establecido previamente en las bases del concurso. Tras una primera criba que tuvo lugar el pasado año 2010, quedaron como finalistas las ciudades de Zaragoza, Burgos, Segovia, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y San Sebastián, siendo esta última la que se alzó con el ansiado premio.

Sin profundizar en las quejas presentadas por otras candidaturas, que se consideraban poseedoras de mayores méritos que la ciudad finalmente elegida, es de destacar la razón esgrimida por el jurado para otorgar el premio a San Sebastián: la distinción concedida a la capital guipuzcoana como Capital Europea de la Cultura 2016 «servirá para afianzar el proceso de paz».

Por lo tanto, si ya de por sí son sospechosas de politización elecciones de este tipo, las sospechas se tornan ahora en una macabra certidumbre: la certidumbre de que el gobierno de España sigue manteniendo el diálogo con una banda terrorista antiespañola como ETA, y a la que recientemente se le ha concedido la gracia de presentarse a unas elecciones bajo la forma de la coalición Bildu, logrando unos resultados tan abrumadores (segunda fuerza política a nivel municipal en el País Vasco) como desalentadores para la causa de la Nación Española. No olvidemos que la alcaldía de San Sebastián se encuentra en posesión de Bildu, con lo que a los medios que le otorga el poder controlar tan importante consistorio, hay que añadir todos los parabienes que le facilitará su condición de capitalidad cultural. Esta designación de San Sebastián como Capital Europea de la Cultura no puede considerarse sino como un nuevo favor a ETA.

Por si fuera poco, el alcalde saliente, Odón Elorza, famoso por su connivencia con las anteriores marcas blancas de ETA, y derrotado precisamente por Bildu tras veinte años ininterrumpidos de gobierno socialista en el consistorio donostiarra, ya se ha lamentado porque según él se politice la elección de la capitalidad cultural. ¿Es que acaso la presencia de Bildu en la alcaldía no es ya de por sí un signo inequívoco de politización hacia la causa de quienes buscan destruir la Nación Española a cualquier precio?

¿Y qué puede ofrecer como «cultura» una Capitalidad Cultural dirigida por una fuerza política extravagante, que ya ha manifestado su intención de que el ejército, la policía y cualquier otra fuerza de seguridad española salgan del País Vasco? Obviamente, todo lo que no sea común al resto de la Nación Española, a la cultura común que caracteriza a una de las naciones más antiguas de Europa. Lo que representa desde varias décadas atrás la normalización lingüística en eusquera, ignorando el español, o la segregación de cualquier rasgo cultural común al resto de la Nación Española. Algo por lo que ETA, las siglas que se ocultan tras la máscara de Bildu, lleva peleando con sanguinarios métodos desde hace más de cincuenta años.

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Entreabrir la puerta al plurilingüismo

Saben bien sus señorías de la importancia que tienen los juicios que sobre sus formas emite la prensa en sus diferentes manifestaciones. Lo saben bien y por ello, unos con más rigor que otros, se ciñen a los preceptos que marca esa tiranía que se esconde tras el rótulo de lo políticamente correcto. José Bono, Presidente del Congreso de los Diputados, es sin duda uno de los que con mayor astucia y, en ocasiones, cierto histrionismo, maneja su cuidada imagen.

Católico confeso, capaz, sin embargo, de comulgar con galletas; protomártir primero —«antes prefiero morir que matar»— belicista con respecto a Libia después, don José toleró el pasado martes, que varios diputados españoles se manifestaran en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, en vascuence, gallego y catalán para, después de terminada su ilegal alocución, aclarar que toleraba tal violación del reglamento: «para que no se diga...».

Bono, de este modo, demuestra hasta qué punto su conducta está condicionada por la opinión que puedan emitir sobre la misma los llamados medios, unos medios encantados de sustituir la toponimia en español por sus correlatos vernáculos. Al margen de cuestiones mediáticas que tanto obsesionan a algunos, cabe advertir que lo que los separatistas, desde la «radical» ETA a los «moderados» de CIU, persiguen, esto es, la destrucción de su odiada España, tiene en la desaparición del español —no confundir con el castellano— uno de sus principales objetivos.

Así pues, en una España fragmentada por las fronteras interiores que supone su estructura autonómica de tendencia confederal, los avances de las aludidas facciones antiespañolas no pueden sino abrigar esperanzas de alcanzar nuevas conquistas tras haber logrado convertir al Senado en una auténtica y bufa Torre de Babel, tras este respiro concedido por Bono, quien no ignora que su propio partido acusa una estructura coincidente, y mimetizada cada día más por su principal fuerza oponente, con el estado autonómico. En su tacticismo, sin duda, juega un importante papel el hecho de que dentro del PSOE tenga una gran fuerza —la misma que llevó a ZP a su presidencia— el grupo PSC, de indudable aroma catalanista y con un deseo cada vez menos disimulado de crear un grupo propio en el Congreso, un grupo que, sin duda, se expresaría en catalán y cuyos votos serían imprescindibles para la victoria de un candidato socialista.

Cuestiones internas todas ellas que en nada pueden importar a España y a los patriotas, que no patrioteros oportunistas, que la defienden, muchos de los cuales están integrados en la Fundación para la Defensa de la Nación Española cuyo idioma, de alcance universal, es el español.

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La «desgracia» de Godall

Anteyer fueron noticia las desafortunadas declaraciones de Alfons Godall, vicepresidente del Fútbol Club Barcelona durante la época de Joan Laporta, en las que comparaba la «desgracia» que sufren los catalanes por pertenecer a España, con el desastre que está sufriendo Japón por el terremoto que recientemente ha devastado el país del sol naciente. «Los catalanes somos unos ciudadanos castigados por la desgracia y la injusticia históricas», pues «el destino y la desdicha nos han llevado a tener que ser españoles y sufrir las consecuencias», ha afirmado Godall.

Y en efecto, el nacionalismo catalán desde siempre ha considerado una «injusticia histórica» el haber sido sometido a una «cárcel de pueblos» llamada España, en la que Cataluña ha de cohabitar con unos seres humanos en inferioridad racial, con los españoles «mesetarios», causantes a su juicio de la decadencia de España durante el siglo XIX. Como nos cuenta el profesor Francisco Caja en su libro La raza Catalana: El núcleo doctrinal del catalanismo, publicado en Encuentro el pasado 2009, los separatistas catalanes siempre consideraron «la raza catalana» como más «europea», cuyo destino histórico es imperar en España y revitalizarla. Por ejemplo, el nacionalista catalán Pompeyo Gener ya afirmó en 1900 que los catalanes eran «arios» (al contrario de los de «La Meseta», los «del otro lado del Ebro»), por lo que debían ser ellos quienes dirigieran una España decadente a causa del predominio de lo que consideraban una raza mesetaria inferior.

Claro que Godall no habla simplemente de imperar sobre una España que considera inferior, sino que los propios catalanes pueden librarse de «la pesada carga» que supone estar presos de España: «nosotros lo podemos resolver», afirmó; resolución que no es otra que la independencia respecto a España. Las declaraciones de Godall se convierten así en un acto de desafección hacia la patria; desafección muy habitual en sus tiempos de vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, manifestada con la reivindicación de los denominados «Países Catalanes» (que incluyen toda la franja mediterránea de España) en los prolegómenos de los partidos jugados en el estadio del Fútbol Club Barcelona, o bien con el apoyo a organizaciones separatistas catalanas, como Esait, que fueron instigadoras de los abucheos al Himno Nacional Español y al Rey de España de parte de aficionados azulgranas en la Final de la Copa de Su Majestad el Rey del año 2009.

Y es que, en sus delirios independentistas, los separatistas catalanes no sólo desean liberarse de la «desgracia» de pertenecer a España, sino de paso expoliar un fragmento mayor de la patria común e indivisible de todos los españoles, bajo la forma de «Países Catalanes», sumando a Cataluña toda la franja mediterránea de España. Algo reivindicado en forma de «Imperialismo Catalán» desde las Bases de Manresa de 1892 enunciadas por Prat de la Riba y Francisco Cambó, en las que ya se formulaba como aspiración la inmersión lingüística actualmente practicada desde la Generalidad de Cataluña, para imponer el idioma catalán como único en Cataluña, pese a ser una minucia en comparación con una lengua universal como el español. Sería así un «país» con lengua propia que, pese a la «desgracia histórica» que le supone formar parte de la Nación Española, no duda en aprovechar las ventajas de todo tipo que le reporta esa pertenencia.

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